En el Día Internacional contra las violencias machistas, nos movilizamos para alertar sobre la situación de violencia que seguimos sufriendo las mujeres y niñas con diversidad funcional, recordando, a la sociedad en general y a los poderes públicos en particular, que la violencia contra las mujeres y las niñas con diversidad funcional no es solo un subconjunto de la violencia de género: es una categoría interseccional relacionada con la violencia de género y aquella basada en la diversidad funcional.
La construcción androcéntrica, heteronormativa y productivista de la sociedad confluye con el hecho de la discriminación histórica que enfrentamos las mujeres y los hombres con diversidad funcional, con algunos factores en común, dando lugar a un riesgo extremadamente alto de violencia contra las mujeres con diversidad funcional.
La discapacidad pues, es una construcción social que actúa clasificándolos y actuando sobre nuestros cuerpos no normativos, tratándolos como “patológicos”, “raros”, incide en las capacidades y no en los Derechos Humanos. Muchas de las variantes de violencia contra nosotras no han sido visibles como violencia de género debido a que se da predominancia a la discriminación por motivos de diversidad funcional. No se respeta a las personas con diversidad funcional y por esa misma causa se ha favorecido y perpetuado la discriminación, que ya es en sí un acto de violencia.
En el caso de las mujeres con diversidad funcional, se nos identifica por características biológicas fuera de lo normativo, despojándonos de nuestro género y desacreditándonos como mujeres. Esta estigmatización nos sitúa en no ser consideradas como totalmente humanas, en ser cosificadas, propiciando todo tipo de discriminación sobre nosotras:
- Desde el nacimiento, negándonos la educación sobre nuestro cuerpo, sexualidad y disfrute de esta, sobre métodos anticonceptivos, reproducción, maternidad, reconocimientos médicos y ginecológicos.
- El sometimiento a otros en cuanto a la provisión de cuidados, tanto en el entorno familiar, médico e institucional, facilitan el uso y abuso de los demás, anulando cualquier capacidad de reacción. Nos referimos a prácticas de esterilizaciones y abortos forzados, violencia física y psicológicas, institucionalización forzada, incapacitación legal… Todos estos abusos son, evidentemente, vulneración de Derechos Humanos que en gran medida son aceptados socialmente y por ello invisibilizados y silenciados.
Por tanto, algunas formas de violencia contra las mujeres y niñas con diversidad funcional no se visibilizan como tal violencia, debido a que sigue predominando la discriminación por motivos de discapacidad, lo que hace que no sea tenido en consideración en la planificación de las políticas para erradicar la violencia en las mujeres y niñas ni visto por la población en general como un problema social al que hay que dar respuesta.
Por todo ello, EXIGIMOS:
- Que se garantice el acceso a las mujeres y niñas víctimas de violencia a todos los bienes, servicios y recursos a los cuales tiene derecho cualquier mujer víctima de violencia de género.
- Que se incorpore el indicador de la discapacidad/diversidad funcional en todas las estadísticas de violencia contra las mujeres, tanto mayores como menores de edad, de cualquier ámbito territorial.
- Que se incorpore la diversidad funcional en las campañas de prevención y sensibilización contra la violencia, y que se distribuyan en formatos accesibles.
- Que se potencien todos los canales de detección y denuncia de situaciones de violencia, tanto por parte de las instituciones como de la sociedad en general (vecindario, recursos comunitarios) y se refuerce la formación e información para que las mujeres con diversidad funcional podamos identificar las situaciones de violencia y saber dónde dirigirnos para denunciar y pedir ayuda.
- Que se garantice que las personas profesionales de los sistemas policiales y judiciales se trasladen a los domicilios a tomar declaración o a corroborar la denuncia, si las mujeres con diversidad funcional así lo necesitamos. Asegurar que cuando se pone la denuncia se garantice la seguridad y alejamiento del agresor, y se garanticen servicios de acompañamiento y asistencia personal en todas las fases del proceso.
- Que se garanticen condiciones de accesibilidad en todos los espacios, dispositivos y recursos en todas las fases del proceso (comisaría, vehículos policiales, recursos de vivienda, etc.), así como la seguridad y alejamiento del agresor.
- Que se garanticen recursos adecuados y accesibles (tanto de asistencia personal como de vivienda adaptada), para que las mujeres podamos rehacer una vida independiente con nuestras/os hijas/hijos, en un espacio seguro e inclusivo, alejadas de nuestro agresor.
- Que se garantice el acceso a la asistencia personal y a los servicios de rehabilitación, cuando sean necesarios, los cuales deben ser continuos para el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas con diversidad funcional.
- Que tengamos la oportunidad de elegir nuestro lugar de residencia y dónde y con quién vivir, y no nos veamos obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico en residencias o centros para personas con discapacidad.
- Que se contemplen medidas para asegurar nuestro retorno o acceso al empleo ordinario, en entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles, eliminando la violencia económica (baja tasa de actividad, desigualdad laboral y brecha salarial).
- Que se diseñen e implementen medidas que contribuyan a frenar la brecha digital, que faciliten el acceso universal a las TIC, promoviendo su conocimiento y usabilidad por parte de los grupos sociales más vulnerados y desfavorecidos entre los que están las mujeres con diversidad funcional, como mecanismo de protección y participación social.
Por eso desde eginaren eginez hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a acudir a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Gasteiz el lunes 25 de noviembre a las 19:00 h en la Plaza San Antón para mostrar la repulsa colectiva contra la violencia hacia las mujeres, hacia TODAS las mujeres.
