El estudio sobre la situación económica de las personas con discapacidad en Euskadi elaborado por Elkartean (Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Euskadi) en colaboración con el SIIS-Servicio de Información e Investigación Social, cuantifica la brecha de ingresos entre las personas con discapacidad y el resto de la población en 4.700€ (23.204€ frente a 27.905€), por lo que demanda a las instituciones competentes que adopten las medidas necesarias para asegurar unos ingresos suficientes que permitan ejercer el derecho a la vida independiente.

Para extraer esta conclusión, se han utilizado datos fiscales facilitados por el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que son extrapolables a toda la Comunidad Autónoma.

El informe aborda en primer lugar el sobrecoste de la discapacidad, cuya cuantificación fluctúa en función del tipo de discapacidad, su intensidad, la composición del hogar o los ingresos del propio hogar, así como de la consideración de los costes directos y/o indirectos. Así, los diversos análisis llevados a cabo en esta materia ofrecen como resultado un sobrecoste que oscila entre los 2.874 euros en su cuantía inferior y los 23.460 euros en su importe superior.

En segundo lugar, se analiza la situación de ingresos de la población con discapacidad en Euskadi, destacando que solamente una de cada cinco personas con discapacidad (22,7%) percibe ingresos derivados de una actividad laboral y/o económica, frente a casi el 60,0% entre la población sin discapacidad (58,6%). Destaca la brecha que se produce entre las personas perceptoras de ingresos procedentes del trabajo y actividades económicas, que se sitúa por encima de los 9.500€ (17.907€ frente 27.449€). Los ingresos de tipo contributivo, sin embargo, contrarrestan parcialmente este desequilibrio, al ser de media unos 4.200€ más elevados para las personas con discapacidad que las perciben (19.201€ frente a 15.041€), mientras que los derivados de las prestaciones no contributivas y de otras fuentes de ingresos registran diferencias menores.

El estudio aborda también la situación de pobreza y exclusión social a través del indicador AROPE (indicador creado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que contabiliza la población que se encuentra en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo). Los datos muestran que ambas situaciones tienen un alcance significativamente más alto entre las personas en situación de discapacidad, dado que el diferencial resultante es de 10,4 puntos (29,9% frente al 19,5%), siendo asimismo considerables las diferencias que se observan en los tres indicadores que lo conforman: tasa de riesgo de pobreza (6,4 puntos superior), privación material severa (3,0 puntos superior) y baja intensidad laboral (10,5 puntos superior).

Personas jóvenes con discapacidad

La fuente de ingresos provenientes de una actividad laboral o económica entre las personas con discapacidad con una edad comprendida entre los 18-24 años es del 31,0% (el 56,5% las personas sin discapacidad), y entre los 25-34 años del 58,5% (83,4% las personas sin discapacidad).

Por otra parte, el 42,0% de personas con discapacidad entre 18-24 años percibe una prestación no contributiva (el 5,4% las personas sin discapacidad), y entre 25-34 años el 30,1% (el 5,4% las personas sin discapacidad).

Mujeres con discapacidad

Al segmentar el análisis de los ingresos medios por sexo, se revela una brecha de género dentro del colectivo de personas con discapacidad. En conjunto, el ingreso medio que perciben los hombres con discapacidad supera en más de 6.000€ al de las mujeres en la misma situación (25.134€ frente a 19.206€).

Por fuente de ingresos, las diferencias de mayor envergadura se dan entre los perceptores de ingresos de naturaleza contributiva, dado que los hombres ingresan alrededor de 4.500€ más que las mujeres (21.020€ frente a 16.480€). Existen asimismo diferencias, entre los hombres y las mujeres con discapacidad que perciben ingresos por trabajo (18.664€ frente a 16.742€, respectivamente).

Incumplimiento de la Convención

Los datos reflejados en el estudio muestran, según Elkartean, “un evidente incumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social. La combinación del sobrecoste de la discapacidad y un inferior nivel de ingresos obstaculiza gravemente el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a participar en la comunidad en condiciones de igualdad”.

Por ello, esta entidad demanda que las instituciones competentes adopten, de manera coordinada entre diferentes sistemas (Servicios Sociales, Sistema de Garantía de Ingresos, Sistema de Empleo, Sistema Fiscal, Sistema de Pensiones, etc.) y con la participación de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, las políticas y medidas necesarias para mitigar el sobrecoste de la discapacidad, por una parte, y, por otra, asegurar ingresos económicos suficientes para hacer efectivo el derecho a la vida independiente.

El estudio se encuentra disponible aquí